El objetivo de esta normativa, es la cooperación de los distintos organismos de la aduana para la agilidad de la información y los trámites, concepto en el que se sustenta el proyecto de “ventanilla única”.
UniportBilbao, ha informado, a través de una jornada organizada en Bilbao, sobre los aspectos fundamentales del nuevo Código Aduanero de la UE, de la mano de los representantes del Departamento de Aduanas e II.EE.
Este código está en vigor desde finales de octubre de 2013, si bien no será hasta mayo de 2016, cuando despliegue su plena efectividad, una vez que estén desarrolladas sus correspondientes disposiciones de aplicación.
Uno de los rasgos más destacados de este nuevo Código, es la consagración de la aduana electrónica y, con ello, la simplificación de todos aquellos procedimientos que supongan trabas puramente administrativas.
Esta normativa, incide en la necesidad de facilitar la actividad de las empresas, para lo cual hace mención expresa, a la cooperación entre autoridades para aquellas mercancías sujetas a controles de organismos distintos de la aduana, y confiere a la Aduana la función de coordinación. Por lo tanto, la eficiencia administrativa pasa a ser también un factor de competitividad para las empresas.
En este concepto es en el que se sustenta el proyecto de “ventanilla única aduanera”, liderado por el Departamento de Aduanas e II.EE., y tiene como objetivo que la información que suministren los operadores económicos sea introducida una única vez, pudiendo ser compartida entre la Aduana y el resto de Servicios de Inspección que intervienen en el control de la mercancía, la “ventanilla única administrativa”, y que dicho control sea realizado al mismo tiempo y en el mismo lugar, “ventanilla única operativa”.
Por otra parte, en términos generales, los objetivos fundamentales son la agilización del despacho de las mercancías, la reducción de costes administrativos del operador, la mejora del análisis de riesgos y la reducción de costes a la administración.
Este proyecto de “ventanilla única”, recogido en el CORA, Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, se plantea como un proyecto a medio plazo que afecta al resto de los Servicios de Inspección y, en el ámbito marítimo, a las Autoridades Portuarias y Organismo Público Puertos del Estado.
