El pasado mes de marzo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó un informe sobre el nuevo Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres que entró en vigor en febrero. En su opinión, el requisito de antigüedad máxima del vehículo con el que hay que entrar a trabajar es «innecesaria» y «desproporcionada» para obtener la autorización de transporte. A su juicio, esto supone «una clara vulneración de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado«.
No es la primera vez que la Comisión Nacional de la Competencia impugna la normativa española reguladora del régimen de acceso a la actividad del transporte por carretera. En 2016, el organismo regulador impugnó ante la Audiencia Nacional dos normativas reglamentarias aprobadas por el Ministerio de Fomento por similares motivos. Sin embargo, la Audiencia Nacional resolvió no estimar la pretensión de Competencia de declarar ilegal el requisito de antigüedad máxima, pese a lo cual ha acordado de nuevo impugnar por vía judicial el nuevo Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) al mantenerse este requisito en la nueva norma.
La edad media actual de la flota española de transporte por carretera presenta datos elevados, como consecuencia de la crisis económica que lleva padeciendo España desde 2008, lo que se ha traducido en que, con datos de julio de 2019, la media de edad casi duplica la que había en 2007: 13,3 años para los vehículos rígidos, 7,4 años para cabezas tractoras y 9,5 años para los vehículos ligeros.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya se pronunció con el requisito de flota mínima que obligaba la legislación española, al trasponer el ROTT a nuestro ordenamiento jurídico (y lo dictó como ilegal), pero no dijo nada del requisito de edad máxima de los vehículos para acceder al mercado del transporte.
Las asociaciones de transporte consideran que es imprescindible mantener este requisito, ya que la exigencia recogida en el nuevo ROTT de una antigüedad máxima, tanto a los que acceden por primera vez, como la obligación de rejuvenecer sus vehículos a los que ya operan en el transporte y pretenden renovar o ampliar flota, incide de manera positiva, tanto en la reducción y mejora de los índices de siniestralidad vial, como por la contribución a la mejora medioambiental de nuestro entorno en materia de reducción de emisiones, principios que persiguen las políticas europeas en la materia.
La posible eliminación del requisito de antigüedad, como quiere la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, chocaría de manera frontal con las políticas que la Comisión Europea está promoviendo y que presionan al Gobierno español para introducir medidas administrativas de diversa índole a la mejora del medio ambiente.
Fuente: www.transporteprofesional.es
