Los resultados del Plan Nacional de Inspección del Transporte por Carretera correspondiente a 2018, presentados recientemente en el Ministerio de Fomento, evidencian que a lo largo del año pasado aumentó en un 2,55% la cifra de controles a vehículos realizados por la Guardia Civil en carretera, cuyo número pasó de 203.072 en 2017 a 208.248 el ejercicio pasado.
De esos vehículos, 126.661 fueron denunciados por los agentes (un 0,85% más que en el ejercicio precedente. Estas sanciones contribuyeron que el importe de las sanciones resueltas creciera a lo largo del año pasado por encima del 2% en 2018, pasando de 87,84 millones en 2017 a 89,6 millones el año pasado.
Sin embargo, el número de controles a otros actores del ecosistema del transporte y la logística no evolucionó en consonancia. Así, las empresas cargadoras fueron objeto de 607 inspecciones, un 18,5% menos que el ejercicio anterior, mientras que las infracciones cometidas por intermediarios cayeron aún más, retrocediendo un 27,2% y quedándose en 760.
A la luz de las estadísticas incluidas en el Plan Nacional de Inspección del Transporte, Fenadismer ha hecho público un comunicado en el que expresa su “enorme preocupación” por el hecho de que si se observan las sanciones impuestas en 2018, las infracciones que las motivaron habrían supuesto hasta en 27.000 casos la pérdida de la honorabilidad contemplada en el nuevo ROTT aprobado este año.
“Debe tenerse en cuenta que por la comisión de una única infracción muy grave de un catálogo de 21 infracciones supone la pérdida inmediata del requisito de honorabilidad y, en consecuencia, de la pérdida de las autorizaciones de transporte para la empresa transportista”, explican desde Fenadismer.
Los responsables de la federación de transportistas subrayan que 13.816 infracciones relativas al tacógrafo, 7.511 vinculadas a los tiempos de conducción y descanso, 2.098 excesos de peso y 1.728 carencias del CAP en carretera habrían supuesto la pérdida de la honorabilidad si hubiera estado vigente el nuevo ROTT.
En su comunicado, Fenadismer solicita la celebración de una nueva reunión conjunta de los Servicios de Inspección de los Ministerio de Fomento, de las comunidades autónomas, del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Trabajo con el objetivo de “desarrollar una actuación prioritaria de control de las principales bolsas de fraude existentes en el sector”.
Precisamente para luchar contra esas bolsas de fraude en 2016 se estableció un protocolo de control de empresas deslocalizadas en otros países. Sólo el año pasado, los servicios de inspección detectaron 21 empresas buzón e inspeccionaron a 997 conductores que trabajaban en las mismas. Además, Fomento ha remitido tanto a la Inspección de Trabajo como a la Agencia Tributaria la información obtenida en esas operaciones con el objetivo de realizar un adecuado control laboral y fiscal.
Fuente: http://www.todotransporte.com
