PIPE nace integrada por cinco de los grupos portuarios más importantes de España, TCB, Noatum, Ership, Bergé y Algeposa, y con dos claras especificidades, tal y como ha detallado su presidente, Ángel Pérez-Maura.
En primer lugar, la nueva patronal va a centrar su actuación exclusivamente “en la defensa de los intereses y derechos de los inversores en infraestructuras portuarias, dada la particularidad de estas, y con el fin de que las leyes tengan en cuenta nuestra realidad y permitan un retorno acorde con nuestro nivel de inversión”.
Impacto
Según Pérez-Maura, “necesitamos que se reconozca el papel del concesionario de estas infraestructuras, del nivel de inversión que acometen y del impacto a la hora de afrontar nuevos proyectos, teniendo en cuenta las infraestructuras ya existentes y las inversiones asumidas por estos operadores”.
De esta forma, Pérez-Maura insiste en que la apuesta de PIPE es por centrar su actividad en la defensa de los intereses de los concesionarios desde el punto de vista de la inversión, no entrando en otros campos de la defensa colectiva de los intereses de estas compañías como el ámbito laboral.
En segundo lugar, la nueva patronal quiere hacer especial énfasis en la defensa de las inversiones de los grandes operadores. En este sentido, en cuanto al papel de la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO), que tradicionalmente ha defendido los intereses de las empresas estibadoras en todos sus ámbitos, desde PIPE se entiende que en el seno de ANESCO existe una pluralidad de intereses desde el punto de vista de la inversión en función del distinto perfil de las empresas representadas, de tal forma que se quiere apostar por esta nueva Plataforma para una mejor defensa de las compañías con grandes inversiones en las infraestructuras portuarias españolas.
Uno de los primeros retos que tiene por delante la nueva Plataforma es el Real Decreto que prepara el Gobierno para ampliar a 50 años el plazo máximo de las concesiones, un proyecto que no ofrece dudas para las nuevas concesiones pero que para las concesiones antiguas plantea importantes incertidumbres en función de las compensaciones que exija el Real Decreto para lograr dichas ampliaciones a 50 años.
Brecha
Esta ampliación de plazos, para aproximarnos a las condiciones de otros países europeos, es considerada esencial por los grandes inversores, que conciben este factor actualmente como una brecha competitiva.
PIPE, que como asegura su presidente nace “abierta” a la incorporación de nuevos socios, cuenta con José Luis Almazán, ex director de la Autoridad Portuaria de Melilla, como vicepresidente ejecutivo.
Fuente: Diario del Puerto
