Ministerio de Fomento, Anesco y sindicatos de la estiba dan por finalizada la negociación sin haber logrado siquiera un acercamiento mínimo de las posiciones.
Coordinadora ya ha comenzado a mover ficha. Tras el encuentro con Gobierno y patronal, Antolín Goya y los coordinadores de zona se reunían para trazar la estrategia que seguirá el sindicato los próximos meses, y que a corto plazo supone mantener las movilizaciones convocadas para la próxima semana. Al cierre de esta edición, se mantenían esos encuentros, que se sumarían a los que Goya tenía previsto mantener en la tarde-noche de ayer con representantes de diferentes fuerzas políticas.
El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, señaló ayer que, a pesar de esa ruptura de las negociaciones, que desembocarán en un conflicto en los puertos la próxima semana, “en el campo de la negociación colectiva se pueden negociar las principales cuestiones que plantean los sindicatos, como la subrogación de los trabajadores, la experiencia y las prácticas, materias propias de los convenios colectivos”.
Y es que hay que recordar que una de las exigencias que se plantean en el borrador del Real Decreto-Ley es la de adaptar los convenios colectivos existentes en los puertos españoles en el sector de la estiba a la nueva legislación, un proceso que deberá hacerse en el plazo máximo de un año.
El número dos del Ministerio de Fomento enfatizó que el documento presentado por las organizaciones sindicales insista en lo que han venido planteando durante los últimos dos años. “Nos encontramos con la sorpresa de que el documento presentado por los sindicatos insiste nuevamente, una y otra vez, en el establecimiento de un registro”, algo que ya se planteó a la Comisión Europea y que con fecha 27 de julio de 2016 fue rechazado al considerarse que era contrario a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 11 de diciembre de 2014, según la versión del Ministerio de Fomento. La Comisión Europea considera, según afirman desde el Gobierno, que la creación de un registro, las limitaciones a la libre contratación así como el mantenimiento de la SAGEP (Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios) son líneas rojas para el organismo europeo.
En cuanto a la propuesta planteada por la patronal Anesco, Gómez-Pomar indicó que se opone a la mayor parte de los elementos de flexibilización que figuran en el Real Decreto Ley.
El secretario de Estado explicó que el Ministerio de Fomento ha introducido una serie de mejoras en el texto que permiten la mayor flexibilización posible en la garantía del empleo. En este apartado estaría el periodo transitorio de tres años, el apoyo financiero a la subrogación, la transformación de la SAGEP o la creación de los Centros Portuarios de Empleo. “Además, el Decreto garantiza la igualdad en el acceso al trabajo en este sector de hombres y mujeres”, asegura el Ministerio.
El Real Decreto da cumplimiento estricto a la sentencia sin ir más allá de la misma. Así lo ha constatado la Dirección General de Movilidad de la Comisión Europea que, en una reciente carta remitida al Ministerio, señala que, una vez que la norma esté convalidada por las Cortes, se trasladará al Colegio de Comisarios la petición de desistimiento de una sanción diaria que sería “difícil de explicar” a los ciudadanos. Esta sanción, de 134.000 euros al día, empezará a tener efectos una vez que se dicte la segunda sentencia. A esta multa hay que sumar los 21,5 millones de euros que España lleva ya acumulados desde la primera sentencia condenatoria y que se eliminaría una vez convalidado el Real Decreto. En este sentido, Fomento ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y apela a la sensatez y coherencia de todos los grupos parlamentarios para resolver esta cuestión.
Valenciaport acusa los bajos rendimientos pero no registra actos vandálicos
El presidente de Baelària, Adofo Utor, instó en la mañana de ayer a Gobierno, empresas y sindicatos a llegar a un acuerdo para evitar un conflicto que supondría “un grave perjuicio para el comercio exterior y la economía española”.
Con todo Utor, pidió llegar “hasta el final” en ese esfuerzo negociador, y apuntó que tanto empresas como sindicatos “van a tener que renunciar a muchas cosas y hacer un gran esfuerzo para poder llegar a un acuerdo”.
El presidente de Baleària aseguró que es “imperativo” seguir las directrices de la Unión Europea, y apostó por una reforma del sistema de la estiba que comporte “una verdadera competitividad” en el sector.
Por su parte, el presidente de Valenciaport, Aurelio Martínez, recordaba ayer que habrá que esperar al impacto de la falta de acuerdo y recordó que el puerto de Valencia canaliza el 40% de las exportaciones españolas. “Entre 4.000 y 5.000 empresas, en su mayoría pymes, exportan regularmente por el puerto, una actividad que sin duda se verá afectada por el conflicto”. Martínez recordó que según las cifras de tráfico de Puertos del Estado, doce puertos españoles han visto decrecer su volumen de tráfico, mientras que los tres puertos valencianos han crecido por encima de la media , “tal como ha hecho la economía valenciana”. En este sentido, Aurelio Martínez reconoció que en relación a la reforma de la estiba “los márgenes de negociación son mínimos” y apostó por tener “visión de futuro y ser generosos porque, de lo contrario, el conflicto lo pagará la economía”.
El presidente de Valenciaport también constató que “no se han producido incidentes como en otros puertos y no ha habido denuncias”, un extremo que confirmó Vicente Boluda, presidente de la Asociación Naviera Valenciana, que mostró su confianza en que “todo se arregle tarde o temprano” y su confianza en que se llegue “a un acuerdo viable para todos y lo antes posible porque la economía se resentirá”.
Grave perjuicio para usuarios y clientes
El Comité de Situaciones Excepcionales de la Marca de Garantía del Puerto de Valencia se reunía ayer para analizar las consecuencias derivadas del preaviso de huelga presentado a nivel nacional por las organizaciones sindicales con representatividad en el sector de la estiba los días 20, 22 y 24 de febrero.
El Comité mostró su preocupación por las consecuencias que la citada huelga puede tener en los diferentes usuarios y clientes del puerto, teniendo en cuenta que el tipo de convocatoria puede suponer una elevada disminución de la productividad en todas las operaciones relacionadas con la estiba, desestiba, carga y descarga de mercancías en el recinto portuario.
Los miembros del Comité expusieron su preocupación por las retenciones de tráfico que se pudieran producir, no solo durante la huelga, sino durante los días previos y siguientes a la misma, debido a la acumulación de solicitudes pendientes de transporte de mercancías.
